vanguardia - 3 days ago

Las comisiones unidas de Justicia y de Hacienda y Crédito Público, de la Cámara de Diputados, realizaron la primera audiencia pública para analizar la reforma a la Ley de Amparo en materia de improcedencia, y realizará dos más el día de hoy y el 13 de octubre. De 15 participantes que tenían en lista las comisiones unidas, sólo se presentaron nueve constitucionalistas y expertos en derecho, quienes expresaron su preocupación por que las modificaciones propuestas por el Ejecutivo debilitan la justicia en México, ya que dificultan a los ciudadanos el acceso al amparo en lugar de facilitar la protección de los derechos humanos ante los actos de la autoridad.TE PUEDE INTERESAR: Más de 300 mil usuarios resultaron afectados por lluvias en varias zonas de México: CFEJuan Pablo Gómez Fierro, magistrado en retiro, afirmó que, si se debilita la suspensión, el juicio de amparo perderá eficacia y “dejará de ser un instrumento de protección de derechos humanos... todos, todas quedaríamos expuestos a actos arbitrarios de autoridad sin un mecanismo como es la suspensión”.”Esto no es un privilegio de los tribunales, no es un poder de los jueces, es un derecho de los ciudadanos. El amparo no pertenece al Poder Judicial, es de la gente (...)”. Explicó que el artículo 128 de la reforma plantea introducir el concepto de interés público, que dificultaría acceder al amparo. “Es un concepto adicional a los ya existentes, que deberá ser interpretado, y a mí me parece que (...) se incluye para poder catalogar ciertos actos con base en este nuevo interés público, y que sea un nuevo obstáculo adicional a los ya existentes para el otorgamiento de la suspensión”. Magdaleno Villanueva Flores, experto en Derecho Laboral, dijo que en el artículo 107 de la Ley de Amparo se incrementan las causales de improcedencia, lo cual “en vez de facilitar su trámite y procedencia, lo complica y vuelve más técnico, y en consecuencia eso dificulta al gobernado la defensa de sus derechos”.”Con incredulidad vemos que la propuesta de reforma a la Ley de Amparo, que ya fue aprobada en el Senado, lejos de facilitar la procedencia y el trámite del juicio de amparo, lo vuelve más técnico y reduce la procedencia de éste, pues amplía el catálogo de causales de improcedencia que ya es bastante extenso, con las causales contenidas en el artículo 61 de dicha ley”, advirtió. José Barrios Moreno, abogado constitucionalista, dijo que si el gobierno federal busca que la Ley de Amparo no se utilice como una herramienta para retrasar juicios, también se deben revisar otras leyes. Por su parte, Luis Curiel Piña, vicepresidente del Consejo Directivo Nacional de la Asociación Nacional de Abogados de Empresas, propuso que en la reforma no se reduzcan los medios de garantía. El presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, Carol Antonio Altamirano (Morena), dijo que la reforma busca que, una vez agotadas las instancias, y en el caso de un asunto que ya haya sido impugnado y quedado firme, no se genere un procedimiento infinito.

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